España escoge la muerte: la ley de la eutanasia, aprobada en el Congreso

A Javier Hornillos le gustaba caminar y volver al pueblo donde ya tenía su casa terminada. Había dado un paso adelante y se había decidido a estudiar Historia después de la jubilación. Solo le faltaban 15 días para el retiro que tanto había soñado. Pero una enfermedad degenerativa apareció en medio del camino a finales de 2018. “Había situaciones en las que él no era él”, recuerda Beatriz, la hija de Javier. “Justo antes de ir a paliativos, no podía quedarse ni un minuto solo, tenía el agobio de que le pudiese pasar algo”, rememora. En enero de este año decidieron trasladarlo a un centro de cuidados paliativos. Beatriz describe el lugar como “una alegría entre tanta tristeza”. Javier murió en febrero de 2020. La historia de Javier y Beatriz muestra la importancia de los cuidados paliativos como alternativa al dolor y el sufrimiento, frente a la falacia que se plantea cuando se limitan las opciones a dolor o muerte 

 

Fue entonces, cuando Javier recibía cuidados paliativos, cuando se comenzó a tramitar la ley de la eutanasia. La norma vuelve a aparecer esta semana bajo el foco que más alumbra: el del Congreso. La aprobación de la ley que autoriza el suicidio asistido es cuestión de tiempo porque las fuerzas políticas que la defienden suman mayoría absoluta. Los próximos días se debatirá en el Senado. Pero más allá del ábaco político, la cuestión no está tan clara. 

 

¿Demanda social? 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumenta en Twitter que “hay muchas personas esperando” la aprobación de esta ley. El presidente no se refiere en sus tuits a los cientos de miles de enfermos que esperan un dinero que no llega de la Ley de Dependencia que les ayude a mejorar su calidad de vida. Tampoco se refiere a la escasísima inversión en cuidados paliativos, que sitúa a España en el puesto 31 entre los países del entorno.  

 

En línea con el tuit del presidente, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), defensora de la norma, alega que “la inmensa mayoría de la población apoya su despenalización”. La entidad cita el dato de “la encuesta más reciente, de Metroscopia, en 2019”. Según este sondeo, el 87% de los encuestados estarían a favor de que “un enfermo incurable tenga derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor”. Pero esta pregunta, lejos de reflejar la realidad, esconde una “ingeniería social”, alerta el doctor Álvaro de Gándara, expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). 

 

Porque de nuevo, aparece otra falacia en el discurso. ¿Cómo se alcanza una vida sin dolor? ¿Solo con la muerte? El doctor Gándara explica que “poner fin a la vida sin dolor” puede entenderse por “usar morfina”, es decir, aplicar cuidados paliativos. Este facultativo considera que la formulación es ambigua y predispone la respuesta porque “es una pregunta dirigida”. Datos como estos han sido el caballo de Troya con el que se ha introducido la ley en la Cámara Baja sin diálogo social. Pero una parte de la ciudadanía se ha puesto en pie frente a la norma. 

 

Jaume Vives es una de las caras visibles en la lucha contra la eutanasia. Coordina la plataforma ‘Vividores’, opuesta al suicidio asistido. Vives denuncia que “el Gobierno ha intentado tramitar la ley lo antes posible evitando cualquier debate”. ‘Vividores’ respondió con una campaña que el lunes se convirtió en trending topic en España con la etiqueta #DosisVital. Vives aclara que el objetivo de la acción es “provocar un debate previo al debate que no está habiendo”. Considera que “no puede ser que legislen sobre la muerte y no escuchen a los expertos”. El método que el Gobierno ha escogido para aprobar la ley permite pasar frente a las críticas de puntillas y con los oídos tapados. 

Ana acaricia a Javier, su marido, en el Centro de Cuidados Laguna // Hospital de Cuidados Laguna

Camino fácil 

La elección de transitar el camino de la proposición de ley en lugar del proyecto de ley para despenalizar la eutanasia es un acto deliberado. La proposición no exige que el Gobierno presente informes de expertos que avalen la medida. La directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña, lamenta que “no se han considerado los informes técnicos, ni se ha dado opción a citar en las Cámaras a los expertos, por ejemplo, en materia de cuidados paliativos”. Le sorprende especialmente que “se haya ignorado el rechazo, por unanimidad, del Comité de Bioética de España (CBE) sobre la consideración de la eutanasia como derecho”.  

 

La asociación DMD opina que la oposición a la eutanasia es “legítima, pero no es aceptable imponérsela al resto de la ciudadanía”. Sin embargo, el CBE rebate esta postura. Considera que tanto la ley que “protege la vida humana” como la que “protege el ejercicio de la autonomía” están a la misma altura. Ambas son una imposición. El Comité admite que en los dos casos se está exigiendo al conjunto de los ciudadanos “una determinada concepción moral acerca de la muerte”. Pero “no cabe mantener una posición neutral”, según este organismo.  

 

Por eso es tan importante rescatar la defensa de los cuidados paliativos, que son la vía más adecuada para tener una vida digna y alcanzar la muerte a su momento sin dolor ni sufrimientos. Cuando los pacientes están bien atendidos, bien acompañados, asistidos espiritualmente y con la medicación adecuada para paliar el dolor, no demandan la muerte. “La voluntad de morir nunca es reiterada cuando hay paliativos y la persona es atendida”, describe Fernández de la Cigoña. Admite que puede haber excepciones, pero puntualiza que “la ley no se hace para dos personas”.  

 

Alternativa a la muerte 

Beatriz Hornillos aún recuerda al compañero de habitación de Javier. “El chico de al lado estaba solo, no tenía a nadie”, relata. “Pero me dijo que en cuidados paliativos por fin estaba a gusto. Ese hombre habría optado por una eutanasia, pero encontró una motivación, estaba acompañado y se sentía querido”, concluye la joven. 

 

Las asociaciones defensoras de la eutanasia sostienen que una persona puede solicitar el suicidio asistido si siente que una enfermedad está dañando su dignidad. DMD entiende que la dignidad depende de “cómo cada persona comprende y valora su propia vida”. Considera que no debe exigirse que el paciente sufra una “enfermedad terminal e incurable”, porque “cada persona es diferente”. Esta concepción acerca la figura del suicida a la del solicitante de eutanasia. 

 

El doctor Gándara avisa de que “se rompe la confianza si un paciente sospecha que un médico puede aplicar la eutanasia en base a unos criterios de sufrimiento subjetivos”. El Comité de Bioética de España apunta que “la conducta indicada para cualquiera, más cuando es un servidor público, es evitar el suicidio”. Los cuidados paliativos son una herramienta que va más allá del dolor corporal. Se completan con una atención al mundo interior del paciente. Deben tratar el padecimiento físico, pero también el “psicosocial o espiritual”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El doctor De Gándara cree que los paliativos podrían tratar casos incluso como el de Ramón Sampedro, defensor de la eutanasia y conocido por la película ‘Mar Adentro’. “Si hubiera sido ayudado por una psicóloga y un rehabilitador, habría salido adelante como miles de parapléjicos”, concluye el expresidente del SECPAL.  

 

Falta de cuidados 

La familia de Javier Hornillos sí solicitó atención domiciliaria para sus últimos días. Sin embargo, Sanidad no respondió. Beatriz aparcó su carrera de Biología, que ahora está terminando, y Ana, su madre, dejó el trabajo para cuidar de Javier. Cuando sonó el teléfono y la Administración concedió las ayudas a la familia, Javier ya llevaba tres meses muerto. “Me pareció una vergüenza”, confiesa Beatriz. “Que no haya ayuda social y la gente tenga que dejar su trabajo y dedicarse a esto me parece injusto”, añade.  

 

No hay cuidados paliativos para todos los españoles que los necesitan, concluye el Atlas de los Cuidados Paliativos de la Universidad de Navarra. En España, más de 228.000 pacientes requieren de este tratamiento. Sin embargo, cerca del 70% no pueden recibirlo, según este estudio. La familia tiene que acarrear con todo el peso de su cuidado. Pero no todas pueden permitírselo. 

 

“En Holanda se ve al paciente como un insolidario social si no solicita la eutanasia por el gasto que provoca”, advierte el doctor De Gándara. En esos casos, “la presión que hay sobre un enfermo es tremenda”, confiesa. La DMD sostiene que “la ley de eutanasia no acepta ninguna petición que no sea de la propia persona”, pero De Gándara aclara que puede existir un “consentimiento viciado”. Las palabras pueden resultar engañosas en algunas ocasiones. 

 

“No siempre existe una relación entre el deseo a morir y el de acelerar la muerte” según un estudio de la investigadora Alazne Belar, de la Universidad de Navarra. Con la ayuda de varios expertos, demostraron que el deseo de morir entre pacientes con enfermedad avanzada se presenta normalmente de modo “esporádico”. Solo en el 7% casos es “persistente”. Los paliativos pueden contribuir a reducir esa cifra “otorgándoles un mejor cuidado”. Este beneficio aterriza también sobre las familias.  

 

Importancia de la familia 

La OMS reconoce el espacio que los parientes más cercanos de los enfermos deben tener en los cuidados paliativos. El tratamiento tiende la mano a los familiares y debe ofrecer “apoyo psicológico a la hora del duelo”, según la OMS. Con esta atención, la familia no se queda sola ante la muerte. 

 

El primer día que Javier entró en cuidados paliativos, Beatriz conoció a Mercedes, enfermera del Centro de Cuidados Laguna. Se le quedó grabado ese día. “Era como una psicóloga para mí” expresa. Las cuidadoras hablaban, reían y cantaban. “Morir sin dolor, con la familia y rodeado de gente alegre, eso fue lo que encontramos en cuidados paliativos”, cuenta Beatriz. La joven se telefoneó con Mercedes durante la cuarentena y aún mantienen el contacto. Durante esos meses, la pandemia arrasaba a decenas de miles de ancianos. Las portadas de los medios recogían la soledad y la falta de asistencia a los mayores. La Covid arroja una cifra de casi 50.000 fallecimientos declarados. Los hospitales alertan de su falta de capacidad asistencial para todos los posibles enfermos. Y en este contexto, el Congreso aprueba la ley para acelerar la muerte. 

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