La desinformación aún no tiene vacuna
La suspensión de Trump en Twitter ha despertado el debate sobre los límites de la libertad de expresión
Los Gobiernos europeos han legislado para controlar las fake news sin recortar libertades
Aún hacía frío en la ciudad serbia de Novi Sad el día que detuvieron a Ana Lalic. Aquel 1 de abril, el confinamiento le obligaba a quedarse en casa, igual que a siete millones de serbios. Fue entonces cuando irrumpieron varios policías en su piso. Registraron el apartamento y se incautaron de su teléfono y su ordenador. Ana durmió esa noche en la cama del calabozo, donde permaneció 48 horas. Lalic es periodista y su único delito fue informar.
La redactora había denunciado en el portal informativo nova.rs que el hospital local carecía de material para luchar contra el Covid. “Pronto se vio que lo que yo había escrito era verdad”, sentencia Lalic. Serbia ya mostró a Europa en los noventa que injusticias tan graves como una guerra civil pueden ocurrir en el corazón del viejo continente. Pero Serbia no es la única democracia en apuros.
After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y
— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021
También la ejemplar democracia norteamericana ha coqueteado con el abismo. El ataque al Capitolio estadounidense refleja que ningún país escapa de las consecuencias de la desinformación. Twitter suspendió la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 9 de enero. La red social justifica en un post que sus mensajes podían “incitar a la violencia” después de que cientos de sus seguidores asaltaran el Congreso alentados por sus soflamas. Algunas de ellas basadas en noticias falseadas, según reflejan verificadores independientes. En el seno de Occidente se debate la cuestión de cómo conciliar la libertad de expresión con la lucha contra la desinformación. En este lado del Atlántico, los Gobiernos europeos ya habían optado por legislar sobre la desinformación. Eso sí, con cautela.
Ignacio Blanco, codirector del máster universitario CEU San Pablo y Newtral en verificación y experto en desinformación piensa que “las regulaciones contra las fake news en Europa son muy generales porque tocan un derecho fundamental como la libertad de expresión”. Pero historias como las de la periodista serbia Ana Lalic evidencian que en ocasiones los Gobiernos pueden ir demasiado lejos. La reportera señala que durante la pandemia la información se convirtió en objeto de una “completa censura” en Serbia. En cambio, la Unión Europea ha intentado detectar las manzanas podridas de la desinformación sin romper las reglas del juego democrático.
No es un proceso fácil. Blanco avisa que “en un mundo multipolar y globalizado” las medidas para frenar las fake news “no se le ocurren solamente a un Gobierno”. En el viejo continente actúan todos a una. El Consejo Europeo advirtió en 2015 de la “necesidad de contrarrestar las actuales campañas de desinformación de Rusia”. El objetivo de estos ataques era debilitar Europa. El organismo se remangó y creó el Equipo de Estrategia de Comunicación para el Este. Este grupo de 16 expertos se encarga de rastrear los bulos que Rusia introduce en Europa bajo la apariencia de noticias veraces. El contexto actual apremia a los Gobiernos para que tomen este tipo de medidas.
Una sociedad sin verdad
“No podía creerme que esto me estuviera pasando después de 20 años de carrera periodística, en un país europeo y supuestamente democrático”, denuncia Lalic. Aunque las fake news hayan existido desde hace años, la sociedad contemporánea es el caldo de cultivo perfecto para su expansión. La desinformación se ha transformado en el arma de los nuevos conflictos y solo se entiende “en el contexto de la posverdad”, asevera Blanco.
Para el profesor, la consecuencia de este contexto social es que ya “no importa si es verdad lo que se cuenta, lo que importa es lo que la gente quiere creer”. La posverdad empuja fuera de la escena a los hechos hasta convertirlos en actores irrelevantes. “Es nuevo que un político mienta descaradamente y sus seguidores le den la razón en la mentira”, declara Ignacio Blanco. Añade que “en un clima de vacas flacas es donde triunfan mensajes populistas basados en una estrategia de posverdad”. Algunos líderes políticos son el paradigma de esta situación.
“This claim about election fraud is disputed”. Esta etiqueta aparecía junto a numerosos mensajes en el perfil de Twitter del hasta ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La red social advertía con esos rótulos que sus tweets no se sustentaban sobre hechos probados. Hasta que su perfil fue suspendido. “Estos discursos triunfan porque los populistas marcan el terreno de juego donde se ve obligado a jugar todo el mundo”, reflexiona Blanco. Provocan incendios y cuando el establishment político va a apagarlos, ya se han encendido otros. Así, siempre se habla de lo que quieren los populistas y los moderados los persiguen unos pasos por detrás. Pero la mentira tiene las patas muy cortas, porque “cuando los pones a gestionar, la gente se da cuenta de que [sus soluciones] no son verdad”, concluye el profesor Blanco. Aún así, el populismo sigue acechando a las sociedades liberales.
“La primera ministra, Ana Brnabic, me llamó mentirosa y traidora, lo que provocó la ola de odio y violencia que sufrí”, confiesa Lalic. Según relata, “viví acoso online, me cortaron las ruedas del coche y me tuvieron que poner seguridad personal y un botón del pánico”. Para frenar las fake news y evitar que estas prácticas penetrasen dentro de las fronteras de la Unión, la Comisión Europea movió ficha en 2018.
El organismo posicionó sobre el tablero una solución para la desinformación basada en cuatro ejes: aumentar la seguridad de los procesos electorales, fomentar la transparencia de las redes sociales, mejorar la alfabetización digital y apoyar la independencia del periodismo. Son los pilares sobre los que la Unión Europea quiere apuntalar la democracia occidental. España se subió al tren continental a principios de noviembre, a través de una Orden Ministerial. Fue entonces cuando estalló la polémica.
La Orden de la discordia
El Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a la izquierda y la derecha: todos rechazan la Orden Ministerial de lucha contra la desinformación publicada el 5 de noviembre en el BOE. “Su factura es desatinada” apuntó El País en su editorial. ABC fue más directo en el suyo: “Trampa de abuso de poder contra la libertad”.
Las asociaciones de prensa también muestran su inquietud. Alfonso Armada, director de Reporteros Sin Fronteras en España, expresa que “la ley dejaba mucho terreno a la ambigüedad”. La Secretaría de Estado de Comunicación y el ministerio de Presidencia son parte del equipo que dirige la lucha contra la desinformación en España. La presencia de miembros del Gobierno en estos asuntos “crea una especie de maremágnum que nos preocupa”, admite Armada. Moncloa salió al quite de las acusaciones con una nota de prensa publicada ese mismo día. Alegó que solo se centraba en “detectar las injerencias externas” en los procesos electorales nacionales. Pero esta explicación no frenó la pluma de los críticos que temen que se limite la libertad de expresión.
“Me acusaron de propagar el pánico y hostigar a la población, lo que conlleva de 3 a 5 años de prisión según las leyes serbias”, informa Ana Lalic. La periodista aclara que estas penas se aplican “en un estado de emergencia, que se declaró durante la pandemia de Covid-19” en Serbia. Una interpretación de normas poco concisas, en un momento en el que el poder no tiene contrapeso puede provocar que la balanza caiga en contra de la libertad de expresión. El momento de pandemia en el que se ha aprobado la Orden española ha azuzado la crítica al Ejecutivo.
Enemigos de los bulos
Los verificadores de noticias son la mascarilla para la pandemia de desinformación. Carlos Hernández-Echevarría, responsable de Coordinación de Políticas públicas y desarrollo institucional de maldita.es,transmite que el mayor logro de los fact-checkers es “que los votantes tengan mejor información a la hora de tomar decisiones”.
Garantizar unas elecciones justas es uno de los objetivos de la Comisión Europea en su Plan de Acción frente a las fake news. Hernández subraya que el problema de la desinformación “no se puede solucionar exclusivamente por la vía de la ley”. Pide que el debate incluya “a los medios de comunicación, a las asociaciones de periodistas, a los fact-checkers y a los académicos”.
Maldita vio la luz en 2017. Actualmente forma parte de la IFCN, la Red Internacional de Fact-checking. Hernández ha destacado que estar presente en este organismo obliga a “unos estándares cruciales para crear una credibilidad y una seriedad en nuestro trabajo”. El sello exige la divulgación de los pasos que siguen para verificar las noticias y los nombres de las fuentes que consultan.
Sin embargo, el Gobierno se revolvió duramente contra las invectivas de los medios. El General Miguel Ángel Ballesteros, director general de Seguridad Nacional espeta que “da la sensación de que el que expresa en redes e incluso en prensa algunas opiniones no se ha leído la Orden Ministerial”. El militar contestó a las acusaciones en una mesa redonda online que organizaron varias asociaciones de prensa.
“El procedimiento es simplemente para organizar a los ministerios contra las campañas de desinformación” señala el director de Seguridad Nacional. La medida persigue “hacer un solo informe y no que cada ministerio haga un informe de las campañas que se están detectando”, según el general. Afirma que la norma permite a España “integrarse en el Sistema de Alerta Rápida Europeo”. No obstante, la Orden no aclara qué debe hacer la Administración si encuentra una campaña que amenace nuestra democracia.
En respuesta a preguntas de este medio, el general asevera que el trabajo de la Comisión Permanente contra la desinformación de España “no es una labor periodística, es una labor técnica”. En caso de detectar bulos sistemáticos, el proceso es ir elevando informes desde el Secretario de Estado de Comunicación hasta llegar a la Unión Europea. “Si es conveniente, recomendamos salir al paso públicamente”, afirma el general. El Gobierno puede recurrir a los periodistas o a las campañas de publicidad para concienciar a la población.
Pero existe una situación de mayor gravedad: el nivel cuatro de alerta. En ese caso, “el Consejo General de Seguridad Nacional tomará las decisiones que estime oportunas porque se trataría de una crisis importante”, menciona Ballesteros. Sin embargo, las acciones que se podrían ejecutar tampoco están determinadas.
Las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no contribuyen a apaciguar la tormenta. Laya defendió “limitar que se pudieran vehicular falsedades” a través de los medios. Según expresa Armada, la ministra sugería “qué medios podían considerarse fiables y cuáles estaban difundiendo mentiras”. “Esto demostraba una actitud intervencionista por parte del Gobierno, que es lo que nos parece inaceptable”, critica el director de RSF España.
Finalmente, la prensa se sentó en la mesa con el poder. El jueves 26 de noviembre, 34 organizaciones y sindicatos de la prensa se reunieron con el general Miguel Ángel Ballesteros para discutir la Orden. Alfonso Armada constató en aquel foro una “voluntad de estar más abiertos a la crítica”. El Gobierno negó en este encuentro que existiera una pretensión para determinar qué es cierto y qué no es cierto. A pesar de ello, el representante de Reporteros Sin Fronteras admite que “hay que estar alerta”. Remarca que “los periodistas tenemos que desconfiar de cualquier tipo de información que se haga y más cuando viene del poder”. Armada considera que existen otras soluciones más allá de esta Orden.
“Echábamos de menos la cuestión de la formación, hace falta una alfabetización digital”, declara el veterano reportero. La educación es uno de los cuatro ejes del Plan de acción europeo contra la desinformación. El objetivo es detectar “cuándo una noticia es falsa” y “fomentar la lectura crítica de los medios porque a través de internet la gente crea sus visiones”, manifiesta Armada. La intención es formar para no tener que prohibir.
Lalic asegura que “lo repetiría todo, no hago concesiones cuando se trata de libertad de expresión”. Pero el periodismo se convierte en una labor de riesgo si las leyes atan las manos de los profesionales. Lalic tuvo suerte. Solo fue encarcelada durante 48 horas. La historia de otros periodistas como Daphne Caruana es distinta: el 16 de octubre de 2017 era un día soleado y templado en su localidad maltesa de Bidnija. Aquella tarde Caruana se subió a su coche sin saber que jamás podría bajarse. Al arrancar el motor de su Peugeot 108, una bomba lapa explotó mortalmente. Así es el periodismo sin protección: tan frágil como una persona ante una bola de fuego y metralla.
